Por Teague O'Hea y Andrea Zamora
Cuando se habla de desaparición forzada en México, es común que se haga referencia a “la guerra sucia” o “la guerra contra el narco”, algo del pasado. Sin embargo, el presente sigue acumulando historias que prueban que este delito continúa siendo una herramienta de control y terror, con un grado de impunidad casi absoluta.
En 2001, la desaparición forzada se definió por primera vez en el Código Penal Federal –en el artículo 215-A– como el delito que ejerce un servidor público para privar la libertad de una persona y ocultar su paradero bajo engaño o simulación. De 2002 a septiembre de 2023, de acuerdo con la Fiscalía General de la República, se han registrado 1,226 víctimas de desaparición forzada en carpetas de investigación. De ese total, el 64% (787) se concentran en el gobierno actual.
Sumado a la tipificación del delito, en 2018 entró en vigor la “Ley general en materia de desaparición forzada de personas” en la que se estipula, entre otras cosas, la creación del Sistema Nacional de Búsqueda. Este sistema incluye la creación de instituciones como la Comisión Nacional de Búsqueda, fiscalías especializadas en desaparición y protocolos de investigación y búsqueda. Además –de acuerdo con la cámara de diputados– se prohíbe la aplicación de amnistías, indultos y medidas similares de impunidad que impidan la investigación o procesamiento.
Si bien esta ley representó un grado de disposición del gobierno por atender la crisis de desaparecidos que atraviesa el país, la falta de coordinación institucional y las fallas en el diseño de los protocolos de investigación, hacen que el proceso que deben enfrentar los familiares de las víctimas continúe siendo un laberinto que les impide dar con el paradero de su ser querido, así cómo llevar a los responsables ante la justicia.
El Informe General del Examen Periódico Universal de México 2024 ante la Asamblea General de Naciones Unidas, determinó que desde 2006, únicamente del 2% al 6% de las desapariciones forzadas en México son judicializadas. Además, de acuerdo con datos proporcionados por el Consejo de la Judicatura Federal, de enero del 2002 a septiembre del 2023 sólo se dictaron 46 sentencias condenatorias por este delito.
En este sentido, el caso de Claudia Uruchurtu Cruz, quien es víctima de desaparición forzada por denunciar, en 2021, actos de corrupción cometidos por la ex presidenta municipal de Nochixtlan Oaxaca, Lizbeth Victoria Huerta, demuestra que a pesar de contar con el apoyo de instituciones nacionales e internacionales, y las herramientas que estipula la Ley General, el acceso a la justicia y una búsqueda efectiva se quedan como anhelos inalcanzables.
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La desaparición
Claudia desapareció el 26 de marzo del 2021, cuando un grupo de personas se manifestaron en contra de la entonces presidenta municipal por la detención de Alfonso Avendaño Rodríguez, quien había denunciado actos de represión del ayuntamiento. Tres transmisiones en vivo fueron publicadas en redes sociales durante la manifestación. En una de ellas, hecha por la periodista Azucena Tello, un hombre que se encontraba en el Centro Médico Nochixtlán afirma que "levantaron a una muchacha”. Minutos más tarde, Tello recibió información de que en la calle 2 de abril esquina con Melchor Ocampo una mujer fue “levantada” en un carro rojo.
En la desaparición de Claudia, se vincula cómo autora intelectual a la entonces presidenta municipal, Lizbeth Victoria Huerta, por haber sido señalada por la víctima desde el inicio de su mandato por enriquecimiento ilícito, nepotismo y abuso de poder. En total, Claudia envió 20 oficios (a distintas instituciones tanto municipales como estatales y federales, incluyendo Protección Civil de Oaxaca y CONAGUA) entre 2018 y 2020.
Por ejemplo, el 5 de septiembre de 2019, cuando Claudia denunció que: “la presidenta L.H.V se le ve en muchas ocasiones en estado ALCOHÓLICO en horas laborales, de hecho en días pasados deshizo una de las camionetas Honda nueva adquirida recientemente, su enriquecimiento es muy notable: dos camiones Honda nuevas, su hermana presidenta del DIF con una camioneta AUDI Q3 y el hermano con una moto de 350 mil pesos, factura cargada al Municipio”.
Al concluir su mandato, el gobierno de Victoria Huerta acumuló una deuda de más de 18 millones de pesos por pagos que no pudieron ser comprobados, teniendo en cuenta que en 2020, 22.2% de la población de Nochixtlán se encontraba en situación de pobreza extrema y 53.7% en pobreza moderada, Según cifras del portal “Data México”.
Las acusaciones previas son el antecedente fundamental para comprender la razón de la desaparición de Claudia. Aunque ella nunca mencionó que podía estar en peligro por ellas, su familia estaba ligeramente preocupada por las acciones que estaba llevando a cabo. En el caso de su hermana mayor, Elizabeth, el único indicio de que algo podía pasar, fue cuando “un tío, con el que nunca había estado en contacto, me mandó mensajes diciéndome que hablara con Claudia porque se estaba metiendo en problemas. Yo no entendí que me estaba queriendo decir, (...) nunca pensé que fuéramos a llegar a este punto. Pero bueno, nadie lo espera”.
Elizabeth, quien es profesora universitaria en Inglaterra, se enteró de la desaparición de su hermana dos días después de que pasara por una llamada telefónica que sostuvo con su hermana menor que vive en la Ciudad de México. Su último contacto con Claudia fue el jueves 25 de marzo, cuando acompañó a su mamá a recibir la vacuna contra el Covid-19.
La investigación
El caso de la desaparición de Claudia es particular. En parte, por el respaldo institucional que recibió por el Fiscal de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, quien había sido defensor de derechos humanos en el estado y ya contaba con una red de información y contactos que facilitaron el proceso de investigación; por otro lado, el asesoramiento jurídico de instituciones como Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) y la cercanía con el gobierno de Inglaterra por parte de su familia. Estas organizaciones lograron que al mismo tiempo en el que se levantó la denuncia ante la fiscalía del estado, fue posible realizar una denuncia extraordinaria ante la ONU. Esto obligó al gobierno federal a dar respuesta de manera ágil al proceso, así como integrar a la Comisión Nacional de Búsqueda como organismo de apoyo al caso, siendo que en ese momento el estado de Oaxaca no contaba con una comisión de búsqueda propia.
A pesar de la cantidad de instituciones involucradas, la investigación por la desaparición forzada de Claudia no consiguió ser ajena a las dificultades que enfrentan los familiares de personas víctimas de este delito.
En la etapa inicial en la que se buscaban indicios del paradero de Claudia, Elizabeth logró acceder a los registros de detenciones que guardaba el palacio municipal de Nochixtlán. En estos libros, en donde aseguraba “que normalmente tenían varios incidentes escritos, sobre todo los viernes por la gente borracha que detienen en el pueblo” no existía registro alguno sobre el viernes 26 de marzo del 2021, ni siquiera se hacía mención a la detención de Alfonso Avendaño o la manifestación que se hizo en su nombre.
Tampoco consiguió recabar información por parte de los habitantes del municipio. Para ella, esto fue resultado de dos posibles causas: La primera, relacionada a la imagen que se había generado alrededor de Claudia en el pueblo. Se mudó a Nochixtlán para ayudar a su mamá a regularizar terrenos familiares, y esto la hizo verse involucrada en problemas con los comuneros de la zona. En segundo lugar, el miedo que generaba el control territorial de un grupo de choque llamado “Los Hongos” y su hipotética vinculación con la desaparición.
Pero estos acontecimientos solo fueron la punta del iceberg. A las dificultades para obtener información relevante al paradero, se le sumó la incapacidad de coordinación entre instituciones que supuestamente debían garantizar un plan de búsqueda para dar con el paradero de Claudia. Para Elizabeth, “la Comisión Nacional de Búsqueda llega a la Fiscalía esperando que la Fiscalía ya tenga un análisis súper sucinto de cuáles son los avances de la investigación, pero lo que la Fiscalía está esperando, es que la Comisión llegue y haga ese análisis. No hay capacidad de análisis en las fiscalías. No hay quien se siente a revisar toda la documentación”.
Caminando prácticamente a ciegas, se realizaron alrededor de cuatro campañas de búsqueda en los alrededores de Nochixtlán. A falta de una estrategia certera, para Elizabeth fueron una forma en que se malgastaron recursos que pudieron haber sido utilizados de manera más efectiva. “Yo quiero nomás que se den cuenta de que en Oaxaca convergen tres diferentes cadenas montañosas, y entonces lo único que tú ves son todos los cerros… ¿Cómo chingaos buscas algo en esa geografía?
Es como un mal chiste. No es como que abras la cajuela del carro y encuentres una flechita que te diga “busca ahí”. Entonces pienso: ¿qué es lo que espero que pase? ¿encontrar algún disturbio en la tierra? Eso puede ser cualquier cosa (...) Yo me veo ahí muchas veces parada y la sensación es simplemente desesperanzadora, en esos momentos lo único que te sigue moviendo es la esperanza de que algún milagro suceda y la encuentres”.
La decepción ante la falta de resultados en las campañas de búsqueda que sintió Elizabeth no solo resaltó la falta de recursos y capacitación con la que cuentan las instituciones para hacer bien su trabajo, sino que pudo percatarse de las fallas estructurales, tanto de la CNB, como de la Fiscalía. “Todos los marcos legales y de búsqueda son mágicos y de primer mundo, pero no tienen que ver con la realidad. Porque parece que te desapareces. Están ahí hablando los de la Comisión y los de la Fiscalía mientras estoy sentada atrás y nada más viéndolos pienso: ¿y esto? ¿de veras que soy idiota?
2da etapa del plan de búsqueda de Claudia Uruchurtu - Imagen cortesía de Ciudadanía Express
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Protocolos no homologados
La Ley General en Materia de Desaparición establece la creación de instrumentos e instituciones que integren los procedimientos que deben llevar a cabo los funcionarios públicos en caso de una desaparición. De esta forma, se creó el protocolo homologado de búsqueda, una biblia, tanto para las autoridades, como para las familias, que estipula cómo llevar un debido proceso y lograr esclarecer el paradero de la persona desaparecida. Además, menciona la importancia de capacitaciones a funcionarios públicos y la integración de los familiares de las víctimas en el proceso de investigación.
Verónica Garzón, abogada del IMDHD, considera que estos protocolos son incomprensibles, incluso para las autoridades, y que más que optimizar los procesos de búsqueda, los entorpecen por falta de perfeccionamiento, actualización y recursos. Además, bajo su experiencia, ha visto cómo los funcionarios impiden o niegan la participación de los familiares en los procesos de búsqueda.
De forma similar, Javier Yankelevich, director de operaciones de la Comisión Nacional de Búsqueda expone que “el protocolo se hizo con una nutrida participación de sociedad civil, academias, familias, expertos, organizaciones internacionales. Pero es un protocolo muy complejo y también es muy ambicioso. El nivel de recursos necesario para implementarlo es muy alto, pero ese nivel no está disponible”.
Sin embargo, ambos mencionan que el problema institucional de las desapariciones no se limita a la creación de protocolos desapegados de la realidad y la falta de recursos, sino a la composición de la Ley General en sí.
“Lo que sucedió fue que se dividió en dos entidades distintas la investigación y la búsqueda. En lugar de que fuera solo la Fiscalía, lo que se hace es se crea la comisión de búsqueda, las comisiones locales y demás, las fiscalías especializadas. El problema es que entre ellas no se hablan, están peleadas, o luego tienen choques políticos y al final la información que una logra conseguir no se la comparten a la otra”, comenta Verónica.
A su vez, Yankelevich agrega que sumado a la falta de coordinación, tanto la Comisión Nacional de Búsqueda, como las comisiones locales carecen de las facultades necesarias para llevar a cabo un plan de búsqueda efectivo.
“Transfieres aparentemente la misión, pero no transfieres la caja de herramientas completa. El protocolo de búsqueda no puede ser la única herramienta de las comisiones de búsqueda, porque hay una parte en el monopolio sobre gestión de cadáveres e identificación humana que no tienen las comisiones”, dice.
Quien cuenta con “la caja completa”, son las fiscalías, ya que estas pueden acceder a información que puede ser vital para Comisión por sus facultades jurídicas.
Sobre este último punto, Javier señala que el tercer problema estructural que impide que la Comisión logre hacer bien su trabajo es el poder que mantienen las fiscalías para determinar su funcionamiento de forma independiente. En el diseño del Sistema Nacional de Búsqueda, que se comprende dentro de la Ley General, la CNB no tiene ninguna forma de obligar a las fiscalías a entregar cierta información o implementar metodologías de trabajo. Incluso, menciona que “la Fiscalía intentó cambiar la Ley General después de que se aprobó el protocolo. Se armó un gran escándalo porque el cambio que quería hacer era sustraerse del Sistema Nacional de Búsqueda”.
En esencia, Javier considera que por la naturaleza de la crisis de desaparecidos que enfrenta México, no era necesario crear una Ley General ni una Comisión de Búsqueda, considerando que “el problema es muy básico. (...) Primero, querían un sistema nacional y consiguieron la fragmentación federal, y segundo, querían que tuviera su propia policía, que tuviera facultades de investigación, es decir, una institución que tuviera capacidades para hacer las cosas por sí misma. No lo consiguieron. Y bueno, vivimos en este sistema cada vez más fragmentario, y en donde una parte importante pasa por la incapacidad de las instituciones de justicia de hacer lo más elemental. No matarás es lo más básico, no lo vas a arreglar buscando desaparecidos”.
Dada la falta de recursos y las fallas de diseño en la Ley General, la CNB ha ejercido su trabajo desde su creación en 2019 sin claridad de funciones y facultades. Por eso, Jorge Verastegui, defensor de derechos humanos, criticó el papel de la ex comisionada Karla Quintana exponiendo que: “Como si fuera un cuasi ministerio público, se peleaba con las fiscalías, queriendo ser como una una fiscal sin ser una fiscal, entorpeciendo muchos procesos de coordinación. Terminó siendo una mala implementación, porque la titular no sabía cuál era su identidad como funcionario público”.
“El problema de los desaparecidos no es un problema de leyes. El problema es un problema político. Así no tuviéramos una ley hiper especializada como la que tenemos, pero tuviéramos voluntad política, la mayoría de los casos se resolverían y pararían las desapariciones”.
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La última vez que Elizabeth se reunió con la CNB fue en 2022, en este punto la institución estaba constituida únicamente por 89 personas. “Ellos dijeron que iban a producir un nuevo plan de búsqueda. Nosotros le sugerimos a la fiscalía algunas otras estrategias para buscar de alguna forma diferente. La Fiscalía por el por la misma razón que es una desaparición, debería de seguir investigando, colectando más evidencia, pero no lo hicieron por la misma razón de que no hay recursos, esas son las situaciones en las que sí habría habido diferencia que nosotros estuviéramos ahí, porque estaríamos haciendo más presión. Entonces simplemente ya no sé. Le dieron carpetazo al asunto de Claudia”.
Por la falta de respuesta de las autoridades, Elizabeth tuvo que descuidar su vida personal, trabajo e incluso a su propio hijo para dedicar suficiente tiempo a darle seguimiento al caso de su hermana. En este sentido, Jorge Verastegui menciona que el ejercicio de convertirse en un fiscalizador de los fiscales es un común denominador en la gran mayoría de los casos de desaparición.
“Tú como víctima o familiar de una víctima, pues estás en un estado de mucha alteración y vas a confiar que el Ministerio Público está haciendo bien su trabajo, pero con el tiempo te vas a dar cuenta que no es así (...) Vas a tener que actuar como auditor del Ministerio Público. Tienes que estar revisando que efectivamente el Ministerio Público haga las diligencias que debe de hacer”.
De esta forma es como la sociedad civil se ve forzada a asumir las responsabilidades que deberían ser del Estado. “La mayor cantidad de procesos e incluso localización de personas, se va dando al margen del Sistema Nacional de Búsqueda. Es decir, vía los colectivos de familiares. Y eso es muy grave porque habla de una debilidad del Estado y una ausencia de las capacidades suficientes para resolver los casos”.
Proceso judicial
Dos meses después de la desaparición de Claudia, gracias a una confesión realizada por uno de los autores materiales del delito, el 7 de mayo de 2021, se logró la detención de dos policías municipales y la ex presidenta municipal. Posteriormente se detienen a otras dos personas: el escolta de Lizbeth Victoria y su esposa. Después de que la fiscalía del estado logró recabar las pruebas suficientes, el 7 de diciembre de 2022 se llevó a cabo un juicio donde tres jueces dictaminaron que Lizabeth Victoria H, Antonio Hernández Martínez, alias “El centinela”, Rolando Aquino Barrita (a) “El colas” y Nelci Yanet Vásquez Jiménez fueron culpables por el delito de desaparición forzada en contra de Claudia Uruchurtu. El fallo fue declarado condenatorio y solo estaba a la espera de la individualización del proceso en donde se determinarían las condenas.
Para este punto, el caso de Claudia representó un hito en la historia de Oaxaca al ser el primer fallo condenatorio en contra de un servidor público de alto rango por el delito de desaparición forzada. Incluso, por la relevancia mediática y política que adquirió el caso, el fallo fue detallado en la conferencia mañanera por Ricardo Mejía Berdaja, subsecretario de seguridad pública.
Pero la celebración no duró mucho. Tras la elección de Salomón Jara como nuevo gobernador de Oaxaca, Elizabeth consideró que se quiso adelantar el juicio lo antes posible para que el caso estuviera resuelto y no manchara su imagen. Jara siempre fue considerado un actor cercano a Lizbeth. Incluso, se le conoce como su padrino político, al ser la persona que apoyó a la candidata a convertirse en presidenta municipal. En este proceso, Elizabeth Uruchurtu también acusó que Jara se comunicó con el presidente de la Suprema Corte en el Estado para elegir a la jueza que llevó a cabo la sesión en donde se individualizaron las penas de los acusados. La jueza elegida fue Maria Teresa Quevedo Sanchez.
Se anunció que el juicio se iba a llevar a cabo a puertas cerradas por decisión de la jueza, lo que implicó que solo entraron testigos y expertos. En este juicio, fue donde Elizabeth comenzó a notar las fallas dentro del sistema judicial. Ella acusó que a pesar de todas las pruebas que se obtuvieron en la investigación, no estaba clara la estrategia de los fiscales.
Además, a la hora de interrogar a los testigos presentados, los fiscales constantemente se veían forzados a reformular las preguntas por no hacerlo correctamente. “Todo el procedimiento estaba a cargo de los fiscales y los asesores jurídicos que intervienen. Pero a menos que tu abogado, tu asesor jurídico, esté realmente integrado por las autoridades de la Fiscalía, es bien difícil que se coordinen para hacer las preguntas”, cuenta Elizabeth.
A diferencia de esto, los abogados defensores de Lizbeth Victoria Huerta, que pertenecen al despacho del abogado Frank Osorio, contaban con una mejor estrategia, ya que eran tres personas planeando estrategias y reformulando preguntas. “Cada vez que se presentaba algo o los fiscales hacían una pregunta, él objetaba. Se aseguraba de encontrar los huecos en el marco jurídico y usarlos a su favor. La jueza siempre le daba la razón. La parcialidad es evidente”.
Ya sea por la cercanía de la jueza con el gobernador, o la falta de capacitación en los fiscales, Elizabeth sintió desde un inicio que todo lo que se había logrado se desmoronaba frente a sus ojos. Ella recuerda que una de las evidencias que se tenían para presentar durante el juicio, era el vehículo usado durante la desaparición de Claudia. Sin embargo, para que este pudiera ser tomado en cuenta, debía de estar resguardado en una instalación con condiciones muy específicas: completamente cerradas y libres de factores que puedan afectar al vehículo. Pero ella acusa que no había un lugar en todo el estado que cumpliera con las características que solicitaban. En estos momentos, era cuando el abogado defensor señalaba que las evidencias fueron resguardadas erróneamente, esto hacía que la jueza las desechara.
El traslado de los testigos fue otro obstáculo. Actores fundamentales no se presentaron a la sesión por distintas razones. Las más evidentes fueron el miedo y la falta de dinero, ya que la fiscalía no cuenta con dinero para el traslado de los testigos. Además, en el caso de expertos, peritos, policías o investigadores, fue común que estos dijeran que están de comisión para no asistir al juicio.
Después de que las pruebas fueron presentadas, la jueza dictó cuatro sentencias por desaparición forzada como se tenía previsto: 60 años de cárcel para Juan Antonio Hernández Martínez, en su calidad de autor material, y 40 años a Nelci Yanet Vásquez Jiménez y Rolando Aquino Barrita por su calidad de partícipes en la desaparición de Claudia. Sin embargo, a ese conjunto faltó agregar la sentencia de Lizbeth Victoria Huerta. Cuando los fiscales pidieron a la jueza una pena que fuera adecuada para la ex funcionaria, Elizabeth afirma que la jueza dice no haber dado ese veredicto anteriormente.
De forma sorpresiva, y aunque ya se había anunciado que las cinco sentencia iban a ser condenatorias, la jueza Quevedo Sanchez determinó que Lizbeth no fue culpable por desaparición forzada, sino por obstrucción a la investigación, de forma que recibió una pena de 4 años de prisión.
Sin saber realmente cuál fue el razonamiento para tomar esa decisión, el dictamen sorprendió, tanto a los fiscales como a la familia de Claudia, siendo para ellos, un acto de impunidad y corrupción sin precedentes.
La justicia
Dada la falta de coordinación institucional, a la fecha no es posible determinar la cantidad exacta de personas que han sido víctimas de desaparición forzada en el estado de Oaxaca y cuántas de ellas han logrado justicia. A través de solicitudes de acceso a la información dirigidas a la Fiscalía del estado, al poder judicial y al supremo tribunal de justicia, se comunicó que desde 2002 a la fecha se han registrado 290 víctimas dentro de carpetas de investigación por el delito de desaparición forzada en Oaxaca. En el 2021 tiene registro de 23 casos de desaparición forzada, de los cuales ninguno coincide con el perfil de Claudia. Por otro lado, solo se tiene registro de que se han dictado cinco sentencias donde se incluyen a ocho imputados. Si bien se desconoce la cantidad de carpetas de investigación que fueron desestimadas o reclasificadas, así como la distribución entre sentencias que han sido condenatorias o absolutorias, las cifras presentadas permiten tener un referente de la situación de impunidad.
Actualmente, México atraviesa una crisis compleja en relación a la desaparición forzada. A las fallas estructurales de las instituciones y herramientas que se desprenden de la Ley General, se le suma un escenario de incertidumbre política. Con la renuncia de la comisionada Karla Quintana, la designación de Guadalupe Reyes como nueva dirigente de la CNB y el anuncio de un “nuevo censo” de personas desaparecidas, existe un sentimiento de desconfianza hacia las autoridades del Estado por una intención de buscar modificar o “rasurar” la cifra de personas desaparecidas, lo cual significaría una limitación para generar políticas públicas que logren enfrentar la situación que atraviesa el país.
Para Jorge Verastegui, la intención del gobierno por no llegar a una cifra clara que permita generar políticas efectivas de prevención, búsqueda y judicialización, se debe a que “digamos esto es un arma de dos filos para las autoridades. Por un lado, (las cifras) les sirve para tener control y saber cómo aplicar sus políticas públicas, hacer sus planes de búsqueda de combate a los delitos. Pero por otro, tienes un instrumento con el que los pueden atacar. Lamentablemente en México, a los gobiernos no les gusta la crítica. Entonces, uno de los grandes problemas que tenemos es que no les gusta contar a las personas desaparecidas porque les constituye un problema político”.
En medio de los problemas políticos, son los familiares de las víctimas quienes experimentan las consecuencias de un estado desinteresado por la gravedad de la crisis actual.
En el caso de Claudia, el desgaste acumulado por el proceso fallido de búsqueda, y la justicia parcial que alcanzaron, impiden que la familia pueda sanar las heridas causadas por la desaparición. Para Elizabeth, las cuatro sentencias logradas, aunque representaron un avance, no logran satisfacer la necesidad de justicia, siendo que para ella, la verdadera autora intelectual del crimen quedará en libertad en un par de años. La ley establece que no es posible acusar a una persona por el mismo delito dos veces. Por eso, Elizabeth considera que no hay más acciones por hacer por la vía legal. Solo seguir buscando.
“El delito de desaparición forzada es pluriofensivo porque no es que asesines a alguien, es el impacto que tiene en la familia y en la comunidad, por eso es que los criminales lo han adoptado como un su modus operandi, porque tiene un impacto tremendo”.
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